Borrador de los Principios para una Declaración sobre Derechos Digitales en el Perú

Primer punto:

Derecho al acceso irrestricto a la Internet.

El acceso pleno a la Internet es un derecho porque es el espacio natural para el ejercicio de la ciudadanía, en especial de la libertad de expresión. No se le puede negar a nadie el acceso a la Internet salvo cuando haya perdido sus derechos ciudadanos por condena penal. Los ciudadanos tienen derecho a garantías claras de servicio, a través de la acción de las instancias indicadas del estado en un entorno competitivo, y a participar en la gobernanza de la Internet, en un proceso abierto y público.

Segundo punto:

Derecho a un entorno que promueva el dominio público

El derecho de autor, tanto en sus dimensiones morales como patrimoniales, es esencial para el funcionamiento de la economía, la sociedad y la cultura. Pero solo tiene sentido como contrapartida del dominio público, el espacio donde se intercambian, discuten y transforman los aportes que los creadores intelectuales, en todas sus formas, brindan al conjunto de la humanidad. La defensa del dominio público es pues tan importante como la defensa de los derechos de autor; se deriva de esta combinación la necesidad de defender las excepciones y limitaciones a los derechos patrimoniales que sirvan para fomentar el acceso al conocimiento y el desarrollo de la cultura y la economía, incluyendo el uso legítimo y la reproducción sin fines de lucro para fines educacionales pero también personales y de investigación.

Tercer punto:

Derecho a una red neutral, administrada en consideración de los intereses de todos los actores

La neutralidad de red referida sobre todo al transporte efectivo de paquetes, permite que la inteligencia se base sobre todo en los extremos (computadores, aplicaciones, servidores, telefonía móvil y otros dispositivos que se encuentran en los puntos terminales de la red). Esto ha permitido el desarrollo de un amplio abanico de nuevas actividades, industrias y servicios de valor agregado y ha convertido a la red en una herramienta importante dentro del amplio contexto del desarrollo económico y social. La mayor parte del potencial de internet se deriva del valor de su efecto de red. Cuanta más gente accede a la red y cuanto mayor sea el contenido y aplicaciones estén disponibles en a travès de ella, mayor será su valor como medio de intercambio de información y comunicación, y mayor su capacidad de motivar la innovación y la creación de nuevo conocimiento. Defender el principio de neutralidad de red implica garantizar que todo usuario esté en capacidad de acceder a todo contenido legal, aplicaciones y servicios de su elección, y a conectar los dispositivos de acceso e intercambio que no sean declarados como dañinos para la red. Del mismo modo implica garantizar que todo proveedor de contenido y aplicaciones tenga la capacidad de hacer llegar sus productos y servicios a todos los usuarios de internet en igualdad de condiciones garantizandose asì un trato no-discriminatorio a los proveedores de aplicaciones y contenidos.

Cuarto punto:

Derecho a una retribución justa por el uso de contenidos protegidos

Todos los creadores intelectuales tienen derecho a obtener retribución por su trabajo, pero esta retribución debe considerar los derechos de los consumidores, así como los derechos de los ciudadanos a contar con un dominio público dinámico y abundante. La defensa de los derechos patrimoniales no debe ir en desmedro del derecho de acceso a la Internet. La defensa de los derechos patrimoniales no debe crear una renta ilimitada temporalmente, sino que debe partir de la necesidad de enriquecer el dominio público.

Quinto punto:

Derecho a un entorno competitivo sin privilegios o contemplaciones

El desarrollo de la economía y la cultura en el siglo XXI requiere que las actividades digitales tengan capacidad de liderar la transformación de nuestras actividades, desde la innovación científico tecnológica hasta el consumo. La defensa de los derechos patrimoniales de autor no debe ser impedimento para este desarrollo, y la protección de los modelos de negocios de las empresas es un elemento más, de menor importancia, en el contexto general de renovación general la sociedad, la economía y la cultura. Las empresas de distribución y venta de contenidos no pueden esperar que se proteja sus modelos de negocios ante la innovaciones proveniente de la tecnología de información y comunicación, sino que como cualquier otro actor económico, deben adaptarse a una realidad cambiante y enfrentar sus propias debilidades. El combate a la piratería, entendida como la producción con fines comerciales sin pago alguno de derechos patrimoniales y sin respeto a los derechos morales de los creadores, es una tarea fundamental que debe requerir esfuerzos de todos los sectores, puesto que no solo es ilegal, sino que es inmoral. Su consumo es dañino al desarrollo de la cultura y debe ser penalizado y condenado.

Lima, diciembre de 2009 / enero de 2010